Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inseguridad ciudadana y a la ocupación ilegal que afectan especialmente a Cataluña.

Adoptar todas las medidas necesarias con el fin de luchar contundentemente contra la ocupación ilegal de inmuebles, sobre todo en aquellos territorios a los que afecta especialmente, como Cataluña, derogando toda normativa que ampare dicho fenómeno e impulsando las reformas que permitan: — Desalojo en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble. — Desalojo inmediato en caso de flagrante delito. — Reforzar las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel. — Excluir el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado. — Mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias. — Considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal. — Prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio del ocupante ilegal. — Legitimar a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades. — Devolver las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el periodo que haya durado la ocupación ilegal. — Considerar la vivienda ocupada ilegalmente como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de manera que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere. — Dejar sin efecto la vigente suspensión de desahucios y lanzamientos, garantizando la protección de las personas en situación de vulnerabilidad sin trasladar la responsabilidad de la administración pública a los propietarios particulares.