Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la libertad de información y expresión. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga).

«El Congreso insta al Gobierno a: 1. Apoyar el derecho a la libertad de información, de expresión y de opinión, y el desarrollo de un trabajo profesional periodístico libre y sin censura. 2. Defender los medios públicos de comunicación como pilar fundamental de la democracia. 3. Reconocer y visibilizar la dimensión específicamente machista de muchas de las campañas de acoso, hostigamiento y violencia digital dirigidas contra mujeres periodistas y comunicadoras como Cristina Fallarás, Alejandra Martínez, Laura Arroyo o Sarah Santaolalla entre otras muchas, entendiendo que estas prácticas constituyen una forma de violencia machista que se manifiesta a través de ataques coordinados en redes sociales, campañas de odio y desinformación, y que en numerosos casos puede derivar en formas de acoso presencial, persecución, hostigamiento en el entorno laboral o en el propio domicilio, con el objetivo de desalentar o impedir la participación pública de las mujeres y, en particular, de aquellas que defienden posiciones feministas. 4. En el marco de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, revisar los criterios de asignación de la misma y otras formas de financiación pública a medios de comunicación con el fin de cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación de la Unión Europea e impedir que exista un control efectivo de determinados medios por parte de actores políticos e institucionales en detrimento del derecho a la libertad de expresión y del de comunicar y recibir información veraz. 5. Reforzar, en el marco de la normativa europea y nacional aplicable, la responsabilidad de las grandes plataformas digitales frente a la difusión de campañas de odio, acoso y desinformación dirigidas contra periodistas promoviendo mecanismos eficaces de detección, notificación y respuesta frente a contenidos abusivos —incluyendo manipulaciones audiovisuales no consentidas (deepfakes)—, así como el establecimiento de protocolos de atención a víctimas. 6. Promover el impulso de infraestructuras, servicios y entornos digitales que contribuyan a garantizar espacios digitales seguros, plurales y respetuosos con los derechos fundamentales, favoreciendo modelos de gobernanza alineados con el interés general.»