Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Artículo 52. Procedimientos de evaluación de las infraestructuras de transporte y transparencia. 1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial de aplicación, la decisión de acometer la ejecución de inversiones con participación de financiación pública en infraestructuras en la Red de Carreteras del Estado, en la Red Ferroviaria de Interés General, en los aeropuertos de interés general y en los puertos de interés general cuando estas inversiones son financiadas por las autoridades portuarias, estará sometida al resultado de una evaluación ex ante de sus efectos, que se llevará a cabo en dos etapas: a) Análisis preliminar de rentabilidad socioambiental o de rentabilidad socio-territorial para aquellos lugares de despoblación progresiva, donde la ausencia o reducción de infraestruturas de movilidad se muestra como un fenómeno coadyuvante de la progresiva merma de población. b) Estudio de rentabilidad económica, social y ambiental y, en su caso, financiera. El resultado de esta evaluación deberá permitir conocer los beneficios netos del proyecto, incluyendo tanto aspectos internos como su beneficio social y ambiental, permitiendo así la comparación y priorización de las actuaciones.

Artículo 45. Principios aplicables a las obligaciones de servicio público y a los contratos de servicio público. En el ámbito de los servicios de transporte de competencia estatal, las obligaciones de servicio público y los contratos de servicio público deberán responder a los siguientes principios específicos: a) Necesidad y proporcionalidad de la intervención pública en el mercado. En todo caso, a la hora de aplicar estos principios, se ponderarán suficientemente las necesidades de equilibrio territorial e interterritorialidad en todo el Estado, con especial atención a la lucha contra la despoblación provocada por la ausencia de instrumentos de movilidad ciudadana. Asimismo, tendrán especial consideración aquellas comunidades autónomas caracterizadas por un asentamiento tradicional de la población especialmente disperso, que exigen un tratamiento equitativo con aquellas otras que parten de asentamientos poblacionales concentrados y cuyas estructuras de movilidad son más simples. Todo ello, en aras a la consecución de la necesaria igualdad entre los territorios del Estado, así como para garantizar una igualdad de oportunidades entre todas las/os ciudadanas/os a la hora de acceder a todos los servicios básicos y vivir en su propio territorio.'