XV Legislatura (disuelta el 06/10/2026)
XV Legislatura › Expediente 162/000329

Proposición no de Ley ante el Pleno

Proposición no de Ley relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, mediante un proceso de diálogo y consenso previo con el sector turístico español.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso · Resultado de la tramitación: Aprobado con modificaciones · ficha en congreso.es

Temas: Industria, comercio y transformación digital

De qué trata: Proposición no de ley para instar al Gobierno a revisar y adaptar el Real Decreto 933/2021 sobre obligaciones de registro en el sector turístico, con suspensión de su aplicación y diálogo con el sector. *

Votaciones

Necesita JavaScript.

Texto oficial

Texto presentado, publicado en el BOCG. Si se votó con enmiendas, el texto votado puede diferir.Fuente.

'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas: - Prolongar la suspensión de la aplicación del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, hasta tanto en cuanto se aborde una revisión y readecuación en profundidad y proporcionada de esta normativa en compañía de los subsectores turísticos más afectados por la misma, considerando su falta de viabilidad y potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de nuestras empresas turísticas, así como los notables perjuicios que se ocasionarían a los intereses turísticos españoles en el caso de producirse la entrada en vigor prevista a partir del próximo 2 de diciembre. - Elaborar el desarrollo normativo mencionado en el punto uno considerando los acuerdos ya adoptados durante el procedimiento de implantación (desde 2021 a la actualidad) con los sujetos obligados. En este sentido especial mención a la exclusión de los viajes corporativos, el turismo de eventos (MICE) y los grupos, para los cuales el cumplimiento resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del sector. - Revisar las obligaciones de recolección de datos financieros exigidos por el Real Decreto para asegurar su compatibilidad con las normativas de protección de datos europeas, como la Directiva PSD2 y el Reglamento (UE) 2018/389, que limitan el acceso a datos encriptados y protegen la privacidad del cliente. - Apoyar en todo caso las reivindicaciones que viene planteando de manera unánime desde 2021 el sector turístico español en su conjunto, -habiéndose obtenido igualmente el respaldo de las asociaciones turísticas de la Unión Europea-, acerca de los efectos perniciosos del alcance y contenido del Real Decreto 933/2021 para el funcionamiento de la actividad turística, contemplada la insensibilidad sistemática del Gobierno de coalición para con el primer sector productivo de la economía española. - Abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores del sector turístico, incluyendo a asociaciones como CEHAT, CEAV, ACAVE, FETAVE, UNAV o FENEVAL, para consensuar el desarrollo normativo mediante orden ministerial señalado y conseguir una mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del sector. Proceso durante el cual, y, hasta no alcanzar el consenso, el régimen sancionador no debería tener efecto. - Intensificar los vínculos de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todos los aspectos que puedan contribuir a reforzar los parámetros de seguridad y estándares de calidad de los destinos españoles. - Desplegar e implementar dentro de la acción del Gobierno como principio rector medidas favorables a la mejora de la capacidad competitiva de la marca España y que no se traduzcan finalmente en una pérdida de competitividad ni lastre para la cadena de valor turística española dentro del mercado turístico mundial'.

Texto finalmente acordado por el Pleno

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, mediante un proceso de diálogo y consenso previo con el sector turístico español, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 213, de 11 de octubre de 2024, en los siguientes términos: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas: - Prolongar la suspensión de la aplicación del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, hasta tanto en cuanto se aborde una revisión y readecuación en profundidad y proporcionada de esta normativa en compañía de los subsectores turísticos más afectados por la misma, considerando su falta de viabilidad y potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de nuestras empresas turísticas, así como los notables perjuicios que se ocasionarían a los intereses turísticos españoles en el caso de producirse la entrada en vigor prevista a partir del próximo 2 de diciembre. - Elaborar el desarrollo normativo mencionado en el punto uno considerando los acuerdos ya adoptados durante el procedimiento de implantación (desde 2021 a la actualidad) con los sujetos obligados. En este sentido especial mención a la exclusión de los viajes corporativos, el turismo de eventos (MICE) y los grupos, para los cuales el cumplimiento resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del sector. - Revisar las obligaciones de recolección de datos financieros exigidos por el Real Decreto para asegurar su compatibilidad con las normativas de protección de datos europeas, como la Directiva PSD2 y el Reglamento (UE) 2018/389, que limitan el acceso a datos encriptados y protegen la privacidad del cliente. - Apoyar en todo caso las reivindicaciones que viene planteando de manera unánime desde 2021 el sector turístico español en su conjunto, -habiéndose obtenido igualmente el respaldo de las asociaciones turísticas de la Unión Europea-, acerca de los efectos perniciosos del alcance y contenido del Real Decreto 933/2021 para el funcionamiento de la actividad turística, contemplada la insensibilidad sistemática del Gobierno de coalición para con el primer sector productivo de la economía española. - Abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores del sector turístico, incluyendo a asociaciones como CEHAT, CEAV, AGAVE, FETAVE, UNAV o FENEVAL, para consensuar el desarrollo normativo mediante orden ministerial señalado y conseguir una mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del sector. Proceso durante el cual, y, hasta no alcanzar el consenso, el régimen sancionador no debería tener efecto.'